LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS EN MÉXICO. 

Las reformas de las políticas educativas implementadas en la educación básica en América Latina y el mundo continúan siendo objeto de estudio  y reflexión a partir de sus múltiples resultados, entre los cuales destacan dos: la baja calidad y la persistencia por la iniquidad. Las experiencias internacionales y los estudios de política educativa muestran que los resultados de las reformas tienden a ser marginales e incrementales por la complejidad inherente a los sistemas educativos.

En el caso de México, la reflexión sobre el complejo camino hacia el fortalecimiento de la calidad ha cobrado un gran auge que proviene de la necesidad de transitar de buenos resultados en la cobertura a mejores resultados en la calidad. Que aporten a la mejora del diseño e implementaciòn de las políticas educativas en beneficio de México y de su sociedad. Pero ¿por qué, después de veinte años de reformas en las políticas educativas, el aprovechamiento académico de los estudiantes continua en niveles insatisfactorios, tal como lo demuestran diversas pruebas estandarizadas nacionales e internacionales?

La respuesta elegida para esclarecer esta incógnita es reconstruir la evolución de algunas políticas educativas desde un enfoque de investigación de las mismas, el cual consista en:

a) Identificar el problema púbico al cual atiende el diseño de las políticas. 

b) Poner de manifiesto los alcances y limites de las políticas como resultado, en este caso, de los propósitos de la gestión del sistemas educativo mexicano en términos de gobernabilidad y gobernanza por parte del Estado.

La respuesta de México al desafió de su sistema educativo nacional frente al tema de la calidad ha sido una puesta estratégica gubernamental que contempla simultáneamente la modernización de la gestión del sistema cuyo diseño y propósito responde al paradigma de la nueva gestión publica.

"Uno de los grandes retos en el diseño e implementaciòn de políticas educativas publicas es lograr que haya la menor distancia entre ambos, a fin de cumplir con las expectativas de cambio y resultados planeados"

EL ESTADO Y SU PAPEL ANTE LA EDUCACIÓN

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece a través de su articulo tercero el derecho de todo ciudadano mexicano a recibir educación y estipula que es responsabilidad del Estado, Federación, Estados proporcionar educación básica la cual tendera a desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser humano y fomentar en el, a la vez, el amor a la patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia.

En México, el Estado es quien proporciona la mayor parte de los servicios educativos, además de ser quien norma y señala las directrices para el conjunto de la educación, tanto pública como privada. No puede negarse que la política educativa del Estado Mexicano a lo largo de los años se ha traducido en logros de importancia. 

No obstante ahora más que nunca es necesario pensar el Estado con seriedad, distinguiéndolo del gobierno en turno, que es su brazo operativo, de la política y de la administración pública. Si el Estado ha de tener algún sentido y función, es como realizador de los valores individuales y sociales de la persona humana. En estos momentos, en países marcados por la injusticia —expresada de manera visible en las muy desiguales oportunidades de acceso a la educación y en la asimetría en insumos y logros educativos— parece necesario un Estado socialmente comprometido, gracias a su impacto redistributivo vía políticas sociales, en el que se dé la vivencia de los derechos como oportunidades para el libre despliegue de las facultades y capacidades de cada persona, independientemente de consideraciones de clase, ideología, religión, etnia, género o disponibilidad de recursos económicos. La educación, como derecho fundamental, no puede basarse solamente en la libertad de coacción; no basta ser libre para ser educado, sino que es necesario que el derecho impacte positivamente en la libertad, para la construcción de un proyecto de vida, que no inicia ni termina en la escuela, pero que tiene en ésta un centro básico para la formación humana y la socialización.

Ciertamente la educación debe ser una alta prioridad nacional, pero por sí sola esta proclamación no es suficiente para transformar la dinámica económica, política y social y las estructuras y sistemas perversos que producen marginación, exclusión y pobreza. Un Estado socialmente comprometido debe desarrollar un amplio sistema de derechos y políticas públicas que garanticen condiciones mínimas de acceso, calidad, retención, promoción y ayuda en materia de educación, salud, vivienda, alimentación y seguridad. Si hemos de conservar al Estado en el siglo XXI debemos recuperar su fin primordial: la realización plena de las personas como el medio más eficaz para promover sociedades ordenadas, justas y libres.